REFORMA DEL PODER JUDICIAL: ¿Qué busca el Gobierno?

Reflexiones acerca de la reforma del Ministerio Público que impulsa el Gobierno Nacional.

*Por Thiago Noguerol para Grupo Sarmiento*

En medio de una crisis económica y sanitaria el oficialismo ya ha expuso desde el día uno sus intereses por reformar la justicia. En el día de ayer el oficialismo logró obtener dictamen para el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales. El dictamen se aprobó con 34 votos a favor, mientras que la oposición sólo obtuvo 29 acompañamientos para el rechazo.

En dicha sesión, sorpresivamente no comparecieron Eduardo Casal, Procurador interino de la Nación, ni Daniel Rafecas, candidato a Procurador por parte del Frente de Todos. Destaco la ausencia de estos juristas debido a que la ley que busca promulgar el oficialismo, modifica rotundamente la designación, duración y remoción del cargo “Procurador General de la Nación”.

¿Qué hace el Procurador? Es el responsable del MPF, encargado, entre otras cosas, de “diseñar y fijar la política general del MPF de la Nación y, en particular, la política de persecución penal que permita el ejercicio eficaz de la acción penal pública”. En materia penal, condicionar el cargo de procurador haría camino libre para la corrupción, sabiendo que este decidirá si se avanza o no en tales causas.

La designación del Procurador, al día de hoy se realiza con la propuesta del ejecutivo más los dos tercios del senado, con la reforma de ley solo bastaría la propuesta del ejecutivo sumado a la mayoría absoluta del senado, la mitad más uno, para designar al Procurador. Teniendo en cuenta que durante este período el oficialismo no cuenta con los dos tercios requeridos en el senado -41/48 bancas-, resulta un fácil razonamiento encontrar el interés de estos en reducir las mayorías.

Por otro lado, la duración del cargo resulta vitalicio para el Procurador. Con la reforma de ley se busca regular el período del cargo a 5 años con la posibilidad de ser reelegido por un período consecutivo.

Cuando hablamos de remoción destacamos que hoy en día solo por juicio político se puede destituir al Procurador General, este juicio procede cuando la cámara de diputados obtiene la mayoría agravada para acusar al funcionario ante el senado, quien decide su remoción. El oficialismo con esta ley busca atribuirse potestades que le corresponden a la cámara de diputados, estableciendo que el juicio político podrá iniciarse también por decisión del poder ejecutivo, y además flexibiliza las mayorías agravadas a simples mayorías absolutas.

Otro aspecto de la reforma de Ley es la modificación del Tribunal de Enjuiciamiento del MPF, compuesto hoy por 7 miembros, uno por el ejecutivo, uno por el senado, dos fiscales, dos abogados y un integrante del consejo académico. La nueva ley busca ampliar la participación política reduciendo abogados y fiscales a uno, para ingresar dos puestos políticos más. Es decir, un Tribunal de Enjuiciamiento va a estar conformado con más de la mitad de miembros políticos -4/7-, ni jueces, ni fiscales, solo cargos políticos.

Importante en estos últimos puntos destacar como se desvalorizan cargos tan importantes para cumplir con el sistema republicano de gobierno, respecto al Procurador General, resulta descabellado pensar que el presidente pueda iniciarle juicio político, existe acá otro claro ejemplo de “Hiperpresidencialismo”, el fenómeno que ha quebrantado la tripartición de poderes -legislativo, ejecutivo y judicial- pensada para el correcto desenvolvimiento de las funciones estatales.

Como los intereses propios son la virtud intachable de nuestro gobierno, esta reforma de ley no será presentada en los próximos días, sino hasta que el oficialismo logre obtener la mayoría agravada en diputados, JxC y el Frente de Izquierda ya se expresaron en contra de tal reforma, pero estamos en Argentina, y todo puede pasar.